Según el relato de Luis Cruz, uno de los afectados, en 2010 firmaron el contrato con Prola, la constructora, cuando los pisos todavía no estaban levantados. Según su testimonio, la empresa les obligaba a pagar una parte del piso, en su caso 35.000 euros, y en marzo les entregaron el piso, casi con un año de retraso.
El problema es que la situación laboral ha cambiado y el banco, La Caixa, no les da ahora la hipoteca. Y la constructora tampoco les devuelve el dinero sin más, como en un principio les dijeron. Las alternativas, según Cruz, son un alquiler con opción a compra que no pueden acometer o la venta del piso a un precio muy inferior que igualmente les haría perder casi todo su dinero invertido. Con el agravante de que si no lo venden en dos años, el banco se queda con el domicilio.
Este martes además tienen una reunión en los Salones Roldán, a las 19:15 horas, con representantes del grupo municipal del MIA en el Ayuntamiento para buscar nuevas alternativas.
Comentarios