Según ULEG, los costes de este proceso habrían ascendido a unos 1.000 euros ya que el regidor leganense habría recurrido a cuatro procuradores judiciales y a dos abogados para una causa en la que, presumiblemente, no era precisa la participación de dichos profesionales quienes, según los independientes, fueron “contratados a dedo con dinero público, para defender las barbaridades de su gestión y sus pleitos privados”.
En este sentido, el portavoz de Unión por Leganés – ULEG, Carlos Delgado, ha asegurado que los abogados y procuradores utilizados en este proceso y en otro que el primer edil de la localidad tiene pendiente, son los contratados por el Ayuntamiento para sus pleitos públicos y, por lo tanto, pagados con dinero de las arcas municipales.
La petición del partido independiente se produce después de conocerse que, tras la sentencia, el juzgado de Primera Instancia número 5 de Leganés fijó un plazo de un mes para que los responsables de la comunicación municipal publiquen la rectificación, periodo que esperarán “por cautela” antes de iniciar una posible reclamación por daños y perjuicios.
Por su parte, fuentes municipales han asegurado que la designación de los procuradores y abogados se llevó a cabo porque la denuncia se realizaba contra la empresa pública de Comunicación, no contra personas en particular. Del mismo modo, han atribuido la moción que llevará ULEG al Pleno a una “maniobra mediática” para intentar implicar a Gómez Montoya.
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