UGT y CPPM presentaron a principios de diciembre un escrito conjunto en el Registro del ayuntamiento fuenlabreño mostrando “preocupación e indignación” por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La misma recogía que el informe en el que se basaba el despido de un policía contenía “consideraciones puramente personales y desprovistas de rigor” que no permitieron que superase se etapa de prácticas.
Por ello ambos sindicatos han pedido la anulación del Decreto de Alcaldía que autorizaba el despido, y que se “tomen medidas” contra los responsables de la Policía Local. Y es que, según los sindicatos, de las declaraciones del tutor del agente “se desprenden presuntos delitos penales de coacciones y abuso de autoridad”.
Ante estas peticiones, fuentes municipales aseguran que es “totalmente falso” que el Jefe de la Policía Local haya actuado con desviación de poder, asegurando que “no es el responsable directo de la valoración de los agentes en el período de prácticas”. Además insisten en que los informes a los que alude el juzgado madrileño “fueron admitidos por unanimidad por el tribunal responsable de emitir resultados” integrado por representantes municipales, de la Comunidad de Madrid, de la Policía Local y de las propias secciones sindicales.
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