A juicio de María Brea, candidata de Sí se puede, se trata de varios gastos por valor de más de 100.000 euros correspondientes a reconocimientos extrajudiciales de créditos y compensaciones a varias empresas de servicios como Urbaser, Serviocio o Licuas. Unos pagos que en opinión de Brea no se pueden realizar con un gobierno en funciones, por lo que reclamó la suspensión del Pleno.
De esta forma la junta de portavoces finalmente dejó sobre la mesa estos puntos, según ha explicado la alcaldesa en funciones, Carmen Guijorro, para que sea la nueva corporación la que lo apruebe. Sin embargo recuerda que el secretario municipal avaló que se votasen estos puntos porque eran gastos ordinarios e incluso el alcalde electo, el socialista Rafael Martínez, señaló que no tenía inconveniente en aprobar el punto antes de tomar posesión.
No obstante, al no ser aprobados estos puntos antes de la nueva toma de posesión, Guijorro alerta de que las empresas podrían pedir intereses de demora e incrementar el gasto que suponga para el consistorio.
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