Se trata de siete familias que en 2008 formalizaron un contrato de alquiler por cinco años con opción a la compra de sus viviendas de propiedad municipal. La intención de todos los partidos de Pinto es que puedan adquirirlas a su precio original y no al actual, ya que ha aumentado en un 30%. La propia alcaldesa Miriam Rabaneda ha agradecido el trabajo de consenso de todos los grupos.
Para conseguir este objetivo el Pleno de Pinto ha mostrado su intención de solicitar “cuantos informes sean necesarios” debido a la “complejidad normativa” sobre el precio de este tipo de viviendas. Al mismo tiempo la intención es evitar futuros desahucios.
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