El proyecto aprobado en Junta de Gobierno prevé instalar radares adjudicando la obra y la gestión a una empresa con un contrato por valor de más de un millón de euros por cuatro años de duración. Al respecto el portavoz del PP, Miguel Ángel López, ha señalado que el 80 por ciento del beneficio se lo llevará la empresa y ha recordado que según la Cuenta General de 2012 el consistorio sólo recaudó 100.000 de los 400.000 euros en multas que tramitó.
La portavoz de IU, Carolina Cordero, ha opinado que “la multa de tráfico va a dejar de tener un carácter disuasorio para tener un carácter recaudatorio”, mientras que el portavoz de UPyD, Juan Carlos Machuca, ha señalado que esta decisión “supondrá un aumento de las sanciones, porque a la empresa adjudicataria le interesará poner cuantas más multas mejor”.
Por su parte la primera teniente de alcalde, María José López Bandera, ha opinado que “comparar las sanciones de tráfico con la atención sanitaria dice mucho de su concepción de los servicios públicos”, y ha señalado no van a retirar la decisión por la demanda ciudadana en varios barrios “para un mayor control de velocidad de los vehículos que pasan por estas vías”.
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