Las empresas adjudicatarias de servicios como el de ayuda a domicilio o los centros de día en la región están empezando a rozar una situación insostenible. Afirman que los servicios se sustentan en función de la capacidad financiera de estas empresas que en algunas ocasiones según Raquel Calatayud del Grupo BBS y vicepresidenta del SAD en la Patronal Madrileña actúan como una verdadera banca para los ayuntamientos.
Calatayud insiste en que la ley de morosidad que marca 55 días como máximo para el pago de facturas no lo cumple ninguna administración, en algunos casos como en Algete las facturas pendientes se acumulan en el caso de BBS durante doce meses.
Desde la Patronal Madrileña se están ya planteando posibles soluciones a una situación que provoca el impago de nóminas de los trabajadores, la degradación del servicio e incluso la quiebra de las pequeñas y medianas empresas sin capacidad financiera para soportar las deudas locales. Para Calatayud se debe seguir el ejemplo de Andalucía que ha roto la caja única y donde el gobierno regional entrega a los ayuntamientos el dinero destinado a Servicios Sociales separado y con la obligatoriedad de justificar su gasto.
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