Además de la bonificación del IBI, la propuesta aprobada insta al gobierno local a negociar con las empresas adjudicatarias para que “se comprometan a reducir un diez por ciento en los alquileres”, al tiempo que destinen en régimen especial un porcentaje de estas viviendas a mujeres con cargas familiares no compartidas. También piden que no haya desahucios si no hay alternativa habitacional.
Al respecto la portavoz de Izquierda Unida, Carolina Cordero, ha asegurado que “muchos inquilinos atraviesan ahora serias dificultades para pagar el alquiler” y ha apelado a la responsabilidad del consistorio, mientras el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel López, ha señalado que quien debería pagar el IBI de estas viviendas son las empresas concesionarias como “propietarias”. Finalmente el concejal de Presidencia Pablo Sánchez ha opinado que estos edificios “suplen en gran medida las carencias en vivienda social”, cuya competencia es de la Comunidad de Madrid a través del Ivima.
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