Los plazos han sido anunciados por la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: antes del 15 de marzo, en menos de tres semanas, los Ayuntamientos deberán remitir todas aquellas facturas pendientes con proveedores fechadas antes del 31 de diciembre de 2011; además, antes de que concluya el mes de marzo, deberán presentar un plan de ajuste para hacer frente al pago de dichas deudas.
La medida se encuadra dentro del decreto ley presentado por el gobierno de Mariano Rajoy sobre el pago a proveedores. Según la vicepresidenta, con el envío de las facturas pretenden “poner orden” y conocer la cuantía exacta de la deuda de las corporaciones locales.
Una vez se conozca la situación, el gobierno pondrá en marcha el mecanismo financiero para hacer frente a estos pagos. Por otra parte, el Ejecutivo podrá retener la participación en los ingresos tributarios del Estado durante varios años a aquellos municipios que no realicen planes de ajuste o los incumplan.
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