Se trata del caso de un guardia civil de Griñón que, destinado en Navalcarnero, puso una fecha y hora de una multa de tráfico que no correspondían con su jornada de servicio. Tras varios juicios, finalmente el Tribunal Supremo le ha condenado a tres años de cárcel y dos de inhabilitación. Una condena que su madre ya valoraba hace algunas semanas en Cadena SER Madrid Sur como “desproporcionada”.
Ahora la familia sigue recabando apoyos: a las 33.000 firmas que han recogido en Internet y presencialmente, ahora han conseguido el apoyo institucional de los alcaldes de Griñón, Serranillos del Valle y Casarrubuelos. La alcaldesa de Griñón, María Antonia Díaz, ha señalado que conocen “de toda la vida” a la familia y al condenado, y que aunque no valoran las decisiones judiciales, lo cierto es que es “desproporcionada”.
Por su parte el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez, ha señalado que también cree que se trata de una condena que parece desproporcionada y por ello ha dado su apoyo a la familia.
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