Se trata del caso de Sandra, una joven madre que ocupó ilegalmente un piso en Leganés pero que pagó las cuotas de la comunidad. El banco sin embargo no negoció su permanencia e inició los trámites del desahucio, paralizados ante la promesa del Ayuntamiento de la adjudicación de un piso de emergencia social.
Sin embargo después se descubrió que no había informes de Asuntos Sociales y que por tanto no era posible la adjudicación inmediata. La burocracia ha seguido paralizando los trámites y ahora este jueves vuelve la amenaza del desalojo. Por eso desde Leganemos exigen al nuevo gobierno que dé una solución toda vez que existen 100 viviendas vacías de EMSULE en la localidad. Su portavoz Fran Muñoz asegura que “no hay tiempo” y que tratarán de impedir el desahucio.
Fuentes municipales han señalado que desde el Ayuntamiento sólo pueden respetar la legalidad y el procedimiento establecido para adjudicar este tipo de pisos. Explican que se reunirán con ella para animarla a que acuda a Servicios Sociales e inicie su expediente que pueda desembocar en la adjudicación de un alquiler social, pero que en cualquier caso deben respetar la ley.
Comentarios
Antonia Cienfuegos dice:
Creo que habría que solicitar del Juzgado una moratoria y la suspensión del lanzamiento, acreditando haber iniciado el expediente en Servicios Sociales, si se hace bien puede resultar.
Además habría que agilizar la tramitación del expediente en el Ayuntamiento a toda velocidad.
Un saludo
miércoles, 17 de junio de 2015 a las 08:31