Todo se remonta a principios de 2013, cuando la polémica llegó a desembocar en una huelga en el servicio. Los trabajadores denunciaban que FCC, la concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza en Valdemoro, quería rebajar un 5 por ciento el sueldo, quitar permisos y complementos sociales, cláusulas de despido o pagas extras. Todo basándose en que era un servicio público y sus trabajadores debían sufrir los mismos recortes que estaban sufriendo entonces los funcionarios.
Aquello fue denunciado por los sindicatos y en primera instancia ya les dieron la razón. Ahora, en sentencia del 25 de febrero, han conseguido que el TSJM confirme dicha sentencia y anule la modificación del convenio.
Según Félix Carrión, de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Madrid, no se puede asimilar el recorte a trabajadores de una empresa privada, por lo que deberán devolver a los empleados las cantidades no percibidas. Aun así, contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los próximos diez días a su publicación.
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