Se trata de un paso más en la protección de los derechos de los consumidores de nuestra región, y concretamente de un sector que representa el 6,3% del PIB regional. Además, El sistema arbitral de Consumo supone un ahorro estimado de tres millones de euros a la administración de Justicia y se caracteriza por ser gratuito para las partes, rápido, sencillo y eficaz. Los laudos son de obligado cumplimiento tanto para empresarios como para consumidores ya que tienen el mismo valor que una sentencia judicial. En la actualidad, hay más de 13.600 empresas adheridas.
La Directora General de Consumo, Carmen Martínez de Sola, ha apuntado, en declaraciones a Cadena SER Madrid Sur que el objetivo es “evitar problemas y trámites para el turista” y conseguir “que se sienta protegido frente a actuaciones que le dejan indefenso.”
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