La vicesecretaria general del PP de Madrid, Gádor Ongil, y el portavoz del PP, Carlos González, fueron los encargados de presentar la denuncia por esta operación urbanística en la que estarían presuntamente implicados el alcalde de Getafe, Pedro Castro, el concejal de Hacienda, David Castro, la concejala de Obras, Cristina González, familiares de ésta, y empresarios afines al PSOE, ya que podría haber supuesto un beneficio aproximado de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los aparcamientos.
El portavoz del PP consideró inaceptable que el alcalde haya intentado cerrar en falso estos hechos, que fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción, sin dar ninguna explicación a la ciudadanía y manteniendo en su equipo a una de las máximas implicadas, la concejala de Obras, que adjudicó uno de los aparcamientos a sus familiares, actuando en beneficio propio.
Según González, el Fiscal ha visto rápidamente el expediente y no ha profundizado en aclarar la situación porque no citó a los implicados para dar explicaciones y ahora el juez debe citarlos porque la concejala de Obras favoreció a su padre, a su marido y a su madre en una concesión de aparcamientos.
Por su parte, la vicesecretaria del PP recordó que este caso se suma a la lista de despropósitos del alcalde y señaló que como confirman las informaciones que se conocen existe una vinculación desde el principio hasta el final entre los adjudicatarios de los aparcamientos, la gestora, responsables de los mismos y los miembros del Gobierno local.
Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, afirmó hoy que el PP lleva hablando de esta presunta trama de corrupción desde enero de 2009 y añadió que quieren lanzar miedos y preocupaciones.
Según Vázquez, los aparcamientos se van a terminar dentro de la legalidad y recordó lo que dijo la Fiscalía Anticorrupción, tras la denuncia en este sentido que interpuso el PP en julio de 2009.
Además, anunció que el próximo día 7 de junio se reanudarán las obras de los aparcamientos por lo que quiso tranquilizar a los cooperativistas aunque reconoció que la dificultad es tremenda a causa del abandono de la obra pero no se está haciendo nada ilegal.
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