El PP anuncia la imputación del Concejal de Hacienda por una presunta prevaricación en el caso ‘Cuadrifolio’
El PP de Leganés ha anunciado esta mañana que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha llamado a declarar en calidad de imputado al actual concejal de Hacienda, Antonio García, por un presunto delito de prevaricación en el caso ‘Cuadrifolio’, en el que se aprobó una factura de más de 100.000 euros a esta empresa en la última Junta de Gobierno de la pasada legislatura.
- Actualidad - Leganés
- 16/11/2009 a las 19:09
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El PP anuncia la imputación del Concejal de Hacienda por una presunta prevaricación en el caso ‘Cuadrifolio’.
Junto a García, también acudirá el 24 de noviembre a declarar como imputada la directora de los Servicios de Informática del Ayuntamiento, Virginia Moreno, puesto que ambos avalaron con su firma el expediente que se presentó en la Junta de Gobierno con una propuesta de aprobación, a pesar de no haber seguido los procedimientos administrativos adecuados.
El portavoz de los ‘populares’ de Leganés, Jesús Gómez, ha afirmado que el juez ha aceptado la petición de la Fiscalía para que ambos declaren en calidad de imputados al entender que son cooperadores necesarios.
Del mismo modo, ha apuntado que Virginia Moreno firmó el expediente, a pesar de no tener capacidad legal para informar favorablemente al respecto, puesto que los técnicos del Ayuntamiento, que son los que deberían haberlo avalado, se negaron a hacerlo.
Gómez también ha comentado que el anterior alcalde de la localidad, José Luís Pérez Raez, y varios ex concejales de la anterior legislatura, imputados desde el inicio del caso, han pasado ya a ser procesados según el auto de procesamiento dictado por la autoridad judicial competente.
Por su parte, fuentes municipales han asegurado que el Equipo de Gobierno continúa esperando con tranquilidad la resolución del caso de forma favorable para los encausados ya que, en principio, no hicieron más que cumplir con su obligación.
Han recordado además que se trata de una presunta irregularidad administrativa que ya fue rechazada en su momento por la Fiscalía Anticorrupción y que, por lo tanto, no es comparable a las presuntas tramas de corrupción que están afectando al Partido Popular desde hace meses.
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