El regidor pinteño, que no ha podido precisar a que cantidad ascendería el montante, ha asegurado que se abre ahora un plazo de quince días en los que la municipalidad argentina podrá exponer sus alegaciones.
Del mismo modo, ha indicado que lo complicado del expediente impide también fijar una fecha de devolución y ha requerido la contratación de los servicios de un bufete de abogados especializado, que se encargue de ver a qué vías judiciales y administrativas se debe recurrir para el reintegro del dinero, después de que los responsables de la ciudad hermanada no pudieran justificar a quiénes adjudicaron las viviendas que fueron financiadas por el municipio madrileño.
Martín ha anunciado también la creación de una comisión de control, de carácter mixto, compuesta por el secretario y le interventora municipal y los miembros de la Junta de portavoces, que se encargará de hacer un seguimiento pormenorizado de todo lo relativo a la cooperación con Pinto – Argentina.
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