María José López Bandera rechaza por tanto las acusaciones de posible prevaricación que ha lanzado Lucía Figar, ya que según la edil parleña la concesión de la licencia es “un acto administrativo común y reglado, con sus propios plazos”, por lo que ni ella “ni el alcalde” pueden interferir el proceso.
El problema, según la concejala, es que los responsables del colegio “tienen que hacer las cosas conforme a la legalidad vigente” y “a día de hoy no han solicitado licencia en el ayuntamiento”, sino un “acto comunicado”, “un proyecto básico que está incompleto”, por lo que desde el Ayuntamiento se les ha requerido por escrito la documentación oportuna.
López Bandera ha recordado además que el terreno ha sido escriturado a nombre de la empresa inmobiliaria que prevé construir el centro pero “sin la firma de esta concejala”. Algo que podría ser ilegal, porque la firma para adjudicar esa parcela es mancomunada entre el director general del suelo y la propia López Bandera como representante del ayuntamiento, por lo que al no contar con su signatura “se han saltado la ley” y el gobierno ha puesto el asunto en manos de sus abogados.
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