Todo se remonta a la pasada legislatura cuando la empresa adjudicataria de las obras ejecutó el proyecto pero se encontró con un exceso de obra por valor de 400.000 euros. Denunció y ahora ha prosperado una sentencia que condena al consistorio a pagar ese sobrecoste y los intereses, lo que sitúa el pago en casi 800.000 euros.
Al mismo tiempo, según ha explicado la alcaldesa María Antonia Díaz, el anterior equipo de Gobierno denuncia a la propia empresa por las deficiencias aparecidas en las viviendas, reclamando un millón de euros, pero en palabras de la regidora “dejó morir” esa denuncia, rechazando incluso una indemnización propuesta por el colegio de arquitectos.
Ahora su ejecutivo local intenta reactivar la denuncia, pero ha aparecido el problema del concurso de acreedores de la empresa denunciada y denunciante, por lo que según la alcaldesa se produce algo “tan injusto” como tener que pagar y no poder reclamar a esta empresa.
Por otra parte, y como consecuencia de los fallos en las viviendas, los jóvenes adjudicatarios denunciaron a la Empresa Municipal de la Vivienda, la EMV, y un juez les ha dado la razón con la reclamación de cerca de 1,8 millones de euros. Sin embargo Díaz asegura que de momento están trabajando directamente para arreglar las deficiencias o a través de convenio con el Canal de Isabel II.
Sin embargo el mayor problema sigue siendo la primera denuncia, la de 800.000 euros, cuyo pago debe efectuar el consistorio en diez días. La alcaldesa ya ha asegurado que mandarán una relación de parcelas para que el juzgado les embargue.
Díaz además ha opinado que “fruto de la mala gestión del anterior gobierno”, se enfrentan a 22 millones de euros de deuda, nueve de los cuales están en el Plan de pago a proveedores.
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