Eddy Sánchez propone en Parla un contrato de inserción laboral para jóvenes
El nuevo coordinador regional de Izquierda Unida ha visitado el municipio parleño para detallar sus propuestas en materia de empleo. También ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad por el euro por receta y ha solicitado que la financiación ilegal de partidos sea delito penal.
- Actualidad - Parla
- 31/01/2013 a las 19:41
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Eddy Sánchez propone en Parla un contrato de inserción laboral para jóvenes.
Sánchez ha explicado su propuesta, que formará parte de su “programa de gobierno alternativo” y de los proyectos de ley que empezarán a presentar en la Asamblea de Madrid. Este contrato de inserción laboral se basa, según Sánchez, en dar una salida laboral a los 47.000 jóvenes madrileños que han concluido su formación y sus estudios, para que inmediatamente después “tengan acceso a una experiencia laboral”, pero “no precaria” ni una beca, sino con todos los derechos laborales, con cotización a la Seguridad Social y con el salario mínimo interprofesional, todo tutelado desde la administración pública.
El coordinador regional de IU asegura que la administración puede financiar esta propuesta, pero el problema es que “los recursos van hacia otro lado”, por lo que ha asegurado que el dinero podría venir de la reversión del “peaje en la sombra” de la M-45 y la M-501, que cuesta 350 millones de euros al año, por lo que “dos empresas concesionarias se llevan el dinero que permitiría a 47.000 jóvenes no estar en paro”.
Sánchez también ha opinado sobre asuntos de la actualidad como la Sanidad. En este sentido, el líder de IU en Madrid ha exigido que el presidente de la Comunidad de Madrid “depure responsabilidades” y que dimita su consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, debido al “fracaso del proyecto de privatización de la Sanidad pública”. Eddy Sánchez ha asegurado que “si soy presidente, mi consejero de Salud aposta por algo que es ilegal y nadie quiere, tendría que dimitir”.
El coordinador de IU-CM ha mantenido también que los casos de corrupción política en España “tienen relación con la privatización de servicios” y propone que “la financiación ilegal y la corrupción de este tipo pasen a ser un delito penal” y ha solicitado una auditoría “a las empresas concesionarias de servicios públicos esenciales”.
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