Según la denuncia, los hechos ocurrieron en 2011 y en 2012. En el primer caso, era una empleada eventual de Correos, cuyo embarazo era considerado de riesgo. En el segundo, una trabajadora fija con un avanzado estado de gestación. A ambas les denegaron la modificación de sus tareas, por lo que tuvieron que seguir repartiendo el correo en su ruta habitual. El sindicato CGT cree que sus posteriores abortos tuvieron relación directa con los esfuerzos en su trabajo.
Ascensión Sánchez, secretaria general del Sindicato Federal de Correos de CGT, señala que Correos no cumple con su propio protocolo en estos casos, ya que no se hace un seguimiento individualizado de cada caso.
Según CGT, todo es consecuencia del recorte en personal, ya que no hay gente para cubrir las bajas y tampoco se contrata. Critican también que muchas no denuncian por miedo a represalias dentro de Correos. Ahora sus responsables de recursos humanos y de la oficina de Parla serán investigados por el juez.
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