Se trata de siete familias, algunas de ellas con bebés de 10 meses, que en su día decidieron ocupar ilegalmente una vivienda vacía de las que el IVIMA había vendido a un fondo buitre, la mayoría en el barrio de Arroyo Culebro. Sin embargo el riesgo de desalojo cada vez es mayor y por eso piden que el Ayuntamiento les conceda un piso de los 147 que la empresa EMSULE tiene vacíos, a cambio de un alquiler social, según ha manifestado Samira, una de las afectadas que se ha encerrado estos días.
Desde la PAH han criticado que el gobierno no dé una solución habitacional a los afectados y piden que, siempre a través de los servicios sociales, el Ayuntamiento se comprometa a dar una solución permanente y no sólo a paralizar el desahucio, como sí se ha hecho. Por tanto de momento seguirán encerrados.
Por su parte desde el Ayuntamiento el alcalde Santiago Llorente se ha comprometido a mediar con la empresa propietaria de sus viviendas para que puedan conseguir un alquiler social. Ya en pasados meses el consistorio dijo que los casos debían ser tramitados a través de servicios sociales para iniciar el proceso que pudiera desembocar, si procede, en la adjudicación de un piso de emergencia social de EMSULE.
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