En este caso se trata del caso de Carlos Aguado que sigue al de Nieves Escorza, que ya el pasado mes de marzo conocía la sentencia de despido improcedente. En este último caso el juzgado condena al Ayuntamiento a reincorporar al trabajador o indemnizarlo con casi 125.000 euros.
Sin embargo desde la plataforma de despedidos y desde los sindicatos reclaman la reincorporación debido a que no pueden cargar “sobre las arcas públicas” las indemnizaciones que se deberían pagar. Especialmente, según Rosa Campos, presidenta del comité de empresa en el Ayuntamiento, porque se reconoce que el Ayuntamiento no obró debidamente, a pesar de no haber sido declarado nulo el despido.
Los despidos fueron efectuados el pasado año alegando duplicación de trabajos o eliminación de puestos. Sin embargo las sentencias reconocen que no se solapaban labores y recalcan tanto que no se llevó a cabo ninguna negociación sindical como que era el Pleno Municipal y no la alcaldesa directamente quien tenía competencias para emprender el despido.
Por su parte el Partido Popular de Pinto, en el gobierno local en funciones, ya recordó tras la primera sentencia que el despido no es nulo, especialmente porque la juez considera que no hay ataque a los derechos fundamentales de la trabajadora ni había intención de “descabezar” a los sindicatos.
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