Entre el centenar de colectivos firmantes de este manifiesto de apoyo a los sindicalistas procesados se encuentran partidos políticos (PSOE, IU, Equo, MIA), sindicatos, casas regionales, asociaciones de vecinos, de mayores, culturales o deportivas. Piden al Ministerio Fiscal que retire sus acusaciones contra los 8 sindicalistas porque consideran que se trata de “un juicio político, que intenta criminalizar el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical”.
Eva López e Isabel Martinez, líderes de UGT y CCOO en el sur Madrid respectivamente, han destacado el apoyo conseguido más allá de Getafe, y ambas coinciden en que la petición de más de 8 años de cárcel por impedir el derecho al trabajo es “desproporcionada”,
El manifiesto asegura que ha habido “graves deficiencias” en el proceso como la acusación al presidente del Comité interempresas por intentar mediar entre Policía y manifestantes, o la acusación a otros dos sindicalistas cuando acompañaron a éste último a declarar. Asimismo añade que se ha solicitado la misma pena para cada acusado sin identificar las conductas individuales de cada uno de ellos.
Los incidentes se produjeron a las puertas de la fábrica de Airbus en Getafe durante la jornada de huelga general en 2010. Tuvo lugar un altercado entre los piquetes informativos y las fuerzas de seguridad, y en el incidente la Policía realizó varios disparos al aire.
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