Las mociones que centraron la polémica pedían la creación de dos comisiones de investigación por presuntas irregularidades en dos “sustanciosos” contratos, según ULEG, sobre mantenimiento de zonas verdes y mantenimiento de vía pública con importes “cercanos a los 10 millones de euros”. Ambas fueron presentadas “en tiempo y forma”, según el grupo independiente.
ULEG considera que el suceso supuso “una flagrante y muy grave violación de los derechos políticos fundamentales de un grupo político, silenciando la voz en Pleno de miles de vecinos representados por esta formación, y cercenando las reglas más básicas del juego democrático al impedir que se incluyeran en el orden del día y se votaran sendas iniciativas”.
El propio alcalde de Leganés ha indicado que no pudo permitir que se incluyeran las mociones en el orden del día porque acusaban de “amaño” de unos pliegos de contratación a los funcionarios que los redactaron y al Gobierno local.
Asimismo ha pedido a ULEG que, si tiene pruebas de irregularidades, acuda a la comisión y mesa de contratación. Finalmente ha insistido en que el Ejecutivo municipal no tiene “miedo” a las comisiones.
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