La polémica surge por los saldos de dudoso cobro. El interventor municipal considera que ese dudoso cobro, que se incluye en el debe, asciende a casi 6,5 millones de euros. Cálculo que no comparte la concejala de Hacienda, Carmen Alía, que lo cifra en 3,6 millones de euros, con lo que se contaría con superávit.
La edil del PP muestra como apoyo a su postura un informe no sólo de la tesorera, sino de técnicos del Ministerio de Hacienda que señalan que los saldos de dudoso cobro que estén avalados no deben ser incluidos. Es decir, que se pueden incluir esas cantidades como cobradas.
El portavoz del PSOE, Rafael Martínez, ha criticado que la concejala haya remitido una carta al interventor para que modifique ese cálculo, aunque Alía responde que ella atiende al Ministerio de Hacienda y que de hecho ya han cobrado uno de esos saldos, correspondiente a una sentencia judicial, por valor de 1,2 millones de euros.
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