El magistrado ha desestimado el recurso de la defensa de Fernández por considerar que cometió, presuntamente, delitos de revelación de secretos y fraude, que se cree fue “instrumental para el resto de ilícitos posteriores”.
Según el juez, la funcionaria, permitió al jefe comercial de Cofely, hacer “aportaciones relevantes” en la redacción de los pliegos del contrato público. En el auto se especifica que “tal actuación de connivencia con una de las entidades que competían en el concurso era una aportación relevante desde el punto de vista causal para asegurar la preadjudicación del contrato a Cofely” quien, considera el juez, había colaborado en la redacción de los pliegos de condiciones, hechos “a su medida de su propia mano”, unos pliegos que luego saldrían a concurso público. De esta forma, Velasco sospecha la decisión del Ayuntamiento de adjudicar a Cofely este contrato estaba “tomada de ante manos en tratos de corrupción”, aunque guardando las formas, pero “instrumentalizándose” a su favor.
Todavía se investiga si la ingeniera municipal llegó a conocer los “pactos y las sobrefacturaciones del contrato público en beneficio de Cofely y sus intermediarios”. La fase de instrucción sigue abierta a la espera de recibir informes policiales sobre la trama Cofely.
En el “caso Púnica” se investigan las “redes clientelares de tráfico de influencias”, constituidas supuestamente en torno al que fuera secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados y el empresario David Marjaliza.
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