La concesión minera para la explotación del yacimiento de sepiolita data del año 1977 y caducó en noviembre de 2007, fecha desde la que no consta actuación administrativa alguna que prorrogue la actividad de Tolsa en Torrejón de Velasco.

A pesar de ello, Fernández Gordillo ha afirmado que actualmente el yacimiento minero continúa activo e incumpliendo las prohibiciones de extraer dicho mineral emitidas por la Dirección General de Minas de la Comunidad de Madrid, además de carecer del correspondiente Informe de Impacto Ambiental o licencia municipal y de la existencia de un informe de inspección de los agentes medioambientales del Gobierno regional que constata la situación de ilegalidad en la que se encuentra el yacimiento y aconseja una actuación desde el Ejecutivo autonómico.

El responsable socialista de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid ha criticado que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco hayan hecho nada al respecto a pesar de que la actividad minera este provocando daños medioambientales en una zona protegida y que la emisiones causadas por el yacimiento y los camiones que transportan el mineral afecten a varias localidades entre las que se encuentra la vecina Valdemoro.

Fernández Gordillo ha apuntado como posible causa de la inactividad del Gobierno regional a la presencia de familiares de la consejera de Educación, Lucía Figar, en la dirección del Grupo Tolsa. A este respecto, ha indicado la posibilidad de que el PSOE exija la depuración de responsabilidades políticas o la presentación de una querella por un presunto delito de prevaricación por la actitud del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid han precisado a Cadena Ser Madrid Sur que desde hace cinco años ningún familiar de Lucía Figar tiene relación con el Grupo Tolsa, lo cual han asegurado que se puede comprobar acudiendo al Registro mercantil de la empresa.

El portavoz socialista de Medio Ambiente en la Asamblea de Madrid ha indicado además que, a pesar de que el informe de inspección de los agentes medioambientales data de julio de 2009, el Gobierno Autonómico no abrió expediente sancionador hasta febrero de 2010, una semana después de que el PSOE solicitase la comparecencia del director general de Medio Ambiente, que se producirá el próximo lunes.