Según el texto de la moción, la reforma “limita el margen de actuación de las administraciones locales, recorta servicios a los ciudadanos y elimina competencias que deben prestar los Ayuntamientos como administración más cercana y sensible a los problemas de sus ciudadanos”.
Una tesis que mantiene la primera teniente de alcalde, María José López Bandera, que ha señalado que el PP “utiliza la situación económica como excusa para tomar medidas que empeoran la calidad de vida de la gente”. Además la portavoz de Izquierda Unida, Carolina Cordero, ha indicado que con esta ley “se va a dificultar seriamente la prestación de servicios sociales y se va a generar una importante pérdida de empleo público”.
Sin embargo, la propuesta matiza que, independientemente de unirse a los recursos ante el Tribunal Constitucional que ya han interpuesto otras corporaciones, la Corporación cumplirá su obligación de aplicar la ley “en tanto en cuanto permanezca en vigor”.
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