La financiación de las administraciones locales ha sido siempre una de esas materias pendientes de nuestra democracia. Han asumido competencias impropias y en la mayoría de los casos se han apoyado en el desarrollo urbanístico para sostener las cuentas municipales y apostar por grandes proyectos de infraestructuras que ahora tienen que mantener con muchas dificultades. El final de la burbuja inmobiliaria y la paralización del crecimiento industrial han reducido de una forma espectacular los presupuestos locales. Una nueva realidad económica que se traduce en la práctica en recortes, ajustes y una reducción de los recursos dedicados a los servicios públicos.
Pero antes de la crisis financiera, pequeños municipios con limitaciones de desarrollo urbanístico e industrial, provocadas por su entorno natural y protegido, ya crearon fórmulas para aumentar sus ingresos y mantener los servicios al ciudadano.
Robledo de Chavela, Navacerrada, Venturada o Moralzarzal decidieron bajar su impuesto de circulación, lo que ha provocado unas cifras de vértigo en matriculación. Sólo este año en Robledo de Chavela, una localidad de cerca de cuatro mil habitantes, las empresas han matriculado treinta y un mil vehículos. Otro ejemplo, en Navacerrada hay veintidós mil ochenta y seis nuevos coches este año, en proporción ocho vehículos para cada uno de sus 2.765 vecinos. Y son sólo los registrados por personas jurídicas o empresas en último ejercicio fiscal, calculen el histórico y los coches particulares, la media nos lleva a que estos municipios tienen inscritos en la localidad unos cuarenta vehículos por vecino.
Las ventajas son evidentes; el parque móvil no es real pues los coches matriculados de estas empresas “renting” suelen operar en Madrid capital pero los ingresos por el impuesto de circulación son altísimos y van para las arcas municipales. Unas partidas económicas que suelen salvar los presupuestos de estos pequeños municipios.
Aunque la fórmula parezca perfecta, las críticas desde otras administraciones locales son constantes.
Hace tan sólo unos días se resolvía la guerra judicial entre el ayuntamiento de Madrid, el gran perjudicado por estos paraísos fiscales, y el endurecimiento de las normas de inscripción de coches, responsabilidad de la Dirección General de Tráfico. En Madrid capital este año se han matriculado 13.102 turismos a nombre de empresas, la mitad que en Robledo de Chavela a pesar de que su población es 844 veces menor.
Madrid ha intentado reclamar sin éxito los más de 64 millones de euros que calculan están dejando de percibir por la fuga de las empresas de alquiler de vehículos a estos paraísos fiscales. A pesar de que las bonificaciones en las ordenanzas fiscales municipales son legales y una última sentencia del Supremo que no obligará a endurecer las normas de inscripción de los coches, los alcaldes de estos municipios no quieren hablar de este tema, ya que la presión desde otras administraciones e incluso a nivel interno en los órganos de sus partidos políticos ha sido constante.
Las diferencias entre lo que pagan unos ciudadanos u otros dependiendo de donde estén empadronados son abismales. Un vecino de Madrid capital paga siete veces más que un vecino de Robledo de Chavela. Para un turismo de potencia media y 120 caballos pagaremos en Madrid y en la mayoría de los grandes municipios metropolitanos como Getafe, Leganés o Alcobendas en torno a los 135 euros de impuesto, algo más barato cuesta el numerito en Valdemoro con 111 euros pero muy lejos de Robledo de Chavela donde pagaremos 71 euros a los que habría que aplicar bonificaciones de hasta el 75% dependiendo del tipo de combustible y los niveles de contaminación del vehículo.
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