Las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaban los puntos referidos a la zona de especial sensibilidad, la regulación de la altura de las antenas o las regulaciones de planes de emisiones a los que obligaba la ordenanza de Leganés. También niega la posibilidad de retirar antenas si se entiende que no cumplen la normativa, y anulaba parte de las tipologías de infracciones.
La Federación de Asociaciones de Vecinos piensa recurrir ante el Supremo, según asegura su presidente Ángel Sánchez, “porque beneficia a las operadoras de telefonía móvil”.
Sánchez calcula que serán necesarios entre 3.000 y 4.000 euros para seguir adelante con el recurso, por lo que la Federación ha pedido “la solidaridad de los vecinos” para hacer frente a los gastos ingresando su aportación en la cuenta bancaria de la propia entidad. Finalmente Ángel Sánchez ha indicado que el Gobierno local de Leganés no aportará dinero porque “nunca ha estado de acuerdo en poner en marcha esta ordenanza”, aprobada con el Gobierno local anterior.
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