En 2004 este barrio fuenlabreño fue declarado zona de rehabilitación integral y unas 293 viviendas se acogieron al Plan Regional para poder acondicionar sus casas, recibiendo una subvención del 60% del coste, de las administraciones central y autonómica. En su día, la Comunidad se ofreció a pagar una parte al inicio de las obras y el resto transcurridos nueve meses de la finalización del trabajo.
Según el alcalde, Manuel Robles, que se ha reunido con los afectados esta semana, el Estado ha entregado el dinero correspondiente a la Comunidad de Madrid, pero éste no ha llegado a los vecinos. Así las cosas, para hacer frente a las obras de rehabilitación, los afectados han tenido que pedir créditos bancarios, lo que, en muchos casos, está afectando seriamente a sus economías.
Ahora el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, les presta servicio jurídico y técnico para presentar reclamaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la colaboración de la Asociación de Consumidores de Fuenlabrada, para “poder resarcir a los ciudadanos de sus gastos”, según ha indicado Robles.
El regidor ha destacado que no es un problema que afecte sólo a Fuenlabrada, ya que ahora mismo, unos 35.000 vecinos de la región se encuentran en esta situación.
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