Los trabajadores despedidos del Ayuntamiento de Parla aseguran que la Justicia sigue anulando los despidos
El “Colectivo de Trabajadores Despedidos por el Ayuntamiento de Parla” ha escrito una carta un año después de su salida del consistorio para criticar el “mucho dinero” que se gasta el gobierno en su defensa judicial, aunque indican que la Justicia sigue pronunciándose a favor de los trabajadores.
- Actualidad - Parla
- 23/10/2012 a las 18:39
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Los trabajadores despedidos del Ayuntamiento de Parla aseguran que la Justicia sigue anulando los despidos
En dicha misiva, fechada el pasado 18 de octubre, recuerdan que la Junta de Gobierno local aprobó la amortización de 56 empleados municipales en un “procedimiento irregular”, ya que a su juicio debió ser el Pleno quien aprobase dicha reducción de personal.
Ahora estos empleados despedidos aseguran que el alcalde “se niega a la readmisión ordenada por el juez” y señalan que, a pesar de los recursos del Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya existe una sentencia que insiste en la nulidad del despido de uno de los trabajadores.
Este colectivo además critica el gasto que está ocasionando a las arcas municipales este caso, ya que según han asegurado, el gobierno municipal ha contratado por 22.000 euros a un bufete de abogados para su defensa. Además, cifran en dos millones de euros el coste para el Ayuntamiento del cumplimiento de las sentencias judiciales.
Por último, los ex trabajadores del consistorio aseguran que seguirán “defendiendo lo que creemos justo y utilizaremos las herramientas legales y jurídicas a nuestro alcance”, según han indicado en la misiva.
Mientras tanto fuentes municipales han señalado que dos terceras partes de las sentencias han resultado favorables al Ayuntamiento, y que la decena que resultan condenatorias han sido recurridas, por lo que de momento ningún empleado puede ser readmitido.
Estas mismas fuentes han señalado que sólo uno de los casos ha sido considerado despido nulo, pero que también ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo. Además, matizan que en ninguno de los casos se dice que el procedimiento haya sido irregular o que el órgano competente para tomar la decisión deba ser el Pleno.
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