El objetivo es garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud evitando, entre otras cosas, el llamado turismo sanitario. Sin embargo, el Real Decreto aprobado por el Gobierno central, que ha entrado en vigor el 1 de septiembre, afecta a un grupo muy vulnerable de la población: los inmigrantes sin papeles. Ninguno puede acudir a consultas de atención primaria, salvo pago previo de una cuota específica. Aunque hay comunidades en las que no se va a aplicar esta medida, en la de Madrid ya está en vigor.
Según establece el Decreto, los inmigrantes ilegales sí serán atendidos en Urgencias por accidente, enfermedad grave, embarazos o si son menores de edad.
Muchos médicos han presentado su objeción de conciencia ante esta situación. Ernesto Cerrada, es director del Centro de Salud de la Calle Francia en Fuenlabrada. Él asegura que no está dispuesto a pedir papeles a ningún paciente y que atenderán a todo el que llegue a consulta.
Como él otros médicos atenderán a pacientes sin papeles, porque según asegura María Fernández, presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, no se trata de fomentar la desobediencia civil.
Pero, ¿qué supone pasar consulta a un inmigrante sin papeles? Se les podrá dar recetas, pero no pedir ninguna prueba médica.
Muchas incógnitas abierta en torno a este delicado tema: ¿cómo afectará al funcionamiento de los centros de salud, los inmigrantes se desplazarán a las comunidades donde si se les atiende en primaria, aumentará la objeción médica? Sólo el tiempo lo dirá.
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