“Dentro de la dificultad lógica de esta nueva medida, que nos convierte en recaudadores de impuestos, hay una cierta normalidad en las farmacias y sobre todo mucho esfuerzo explicativo al usuario”, asegura Jaime Acosta, quien ha contado cómo esta medida afecta a todos los ciudadanos no exentos de copago, a las recetas prescritas en 2013 y con un tope de pago anual de 72 euros, entre otros detalles.
Acosta reconoce que la aplicación informática para poner en marcha esta medida todavía no funciona correctamente por la premura de su implantación. De hecho, desde el Colegio de Farmaceúticos se solicitó que se pospusiera hasta febrero. Ahora no se puede controlar en tiempo real por las farmacias si el usuario ha sobrepasado los 72 euros anuales, por lo que cuando se envíen las recetas a la Consejería, el sistema sabrá quién lo ha superado y se procederá a la devolución correspondiente.
Respecto a los insumisos con el pago, Jaime Acosta reconoce que son los menos, pero sí hay casos. Quien no quiera abonar el euro tendrá que rellenar un formulario por triplicado, que se le facilitarán en la farmacia. Una copia será para el cliente, otra para el establecimiento y una tercera para la administración que emprenderá acciones de cobro sobre esa persona.
Acosta también se ha pronunciado sobre la posible decisión del Gobierno de que la propiedad y titularidad de las farmacias no ses exclusiva de los farmaceúticos. Cree que “no hay motivo sanitario para llegar a esta decisión, ya que no existen problemas de servicio, ni de acceso a los medicamentos. Es una cuestión ideológica, de flexibilización del sector, que no entiendo”.
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