Los ayuntamientos se quedan sin competencias en Servicios Sociales
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el Consejo de Ministros recoge una ordenación de las competencias, el recorte del sueldo de los concejales, la reducción del número de ediles, la limitación del los asesores de libre designación e incentiva la fusión de municipios.
- Actualidad - Comunidad
- 29/07/2013 a las 14:53
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Los ayuntamientos se quedan sin competencias en Servicios Sociales
El mayor impacto de esta reforma será la eliminación de numerosas competencias que los ayuntamientos ofrecen a los ciudadanos en la última década y que ahora tendrán que ser asumidas por las comunidades autónomas, administración que también está sufriendo en sus cuentas esta crisis económica.
Desde la Comunidad de Madrid ya han calculado que el nuevo reparto de competencias supondrá un gasto adicional para las arcas regionales de 1.100 millones de euros. La nueva ley recoge la posibilidad de que el gobierno regional ceda la gestión de las competencias pero se encargue de su financiación.
La reforma, que deberá ponerse en marcha en 2015 y coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas, restringe las funciones municipales al urbanismo, el medio ambiente, tráfico y transporte, calles, policía local, bomberos y protección civil. Los ayuntamientos seguirán encargándose del mantenimiento de las escuelas infantiles, el deporte, la cultura y el turismo.
El gran recorte de competencias se produce en Servicios Sociales, donde sólo podrá “evaluar e informar de situaciones de necesidad social” y atender de manera inmediata a vecinos en situación o riesgo de exclusión.
Los ayuntamientos sólo podrán asumir otras competencias si certifican que le sobra dinero y que el servicio que quieren ofrecer no está ya cubierto por la Comunidad de Madrid.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma, el “coste estándar” – que fijaba un coste base para cada uno de los servicios- se sustituye finalmente por el “coste efectivo”.
La reforma tiene que ser tramitada en el Parlamento, por lo que aún podrá sufrir modificaciones y enmiendas.
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