La lista de “los objetivos” marcados supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre está incluida en la declaración entregada al juez y firmada por José Oreja, uno de los tres guardia civiles imputados en el caso del presunto espionaje político pagado supuestamente con fondos públicos.
A los ya conocidos Manuel Cobo y Alfredo Prada habría que sumar, según la declaración del agente de la que informa el diario El País, nombres tan conocidos de la política actual como el Ministro de Justicia, entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón o Cristina Cifuentes, actual delegada del Gobierno en Madrid. También se señala al presidente de Arpegio y a los señores Cabeza y Fernández.
Según la declaración de José Oreja; Gamón y Castaño, director y subdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid trasladan a él, a dos guardias civiles más y tres policías la relación de personas de las cuales “el vicepresidente Ignacio González tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”. En el caso del entonces alcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, el que continúa siendo alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles y su jefe de la Policía Municipal, según la declaración, parecían ser objetivos de especial interés para los propios Gamón y Castaño.
El diario El País recoge que el agente informó de sus reservas ante la orden, porque “para conseguir cualquier información relevante habría que obtenerla de forma irregular”, al entonces Consejero de Interior, Francisco Granados quien supuestamente les invitó a no hacer “ni caso” a esas órdenes. El abogado de este guardia civil, Ramón González Bosch ha pedido la imputación de Granados por “omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución” y de Ignacio González, actual presidente regional, por una supuesta malversación de fondos públicos al haber ordenado a los agentes contratados por la administración autónoma como persona de confianza esos seguimientos ilegales.
El País recuerda que sólo se conocen los partes de seguimiento a Cobo y Prada y no de los otros políticos que cita el agente en su declaración. Además, Ignacio González sostiene que el guardia civil que le acusa no tiene ninguna credibilidad pues antes de esta declaración hizo otras dos ante el juzgado donde negaba los hechos.
José Oreja alega que ha ocultado esta información hasta ahora porque tenía miedo a represalias físicas contra él y su familia.
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