La propuesta de autoridad pública para los profesores abre el debate sobre la situación de los docentes
El anuncio de la presidenta regional de otorgar a los docentes madrileños la condición de autoridad pública está despertando diferentes opiniones. Para unos se trata de una medida acertada y necesaria, para otros hay que estudiarla con cuidado. Esperanza Aguirre anunciaba ayer la creación de la Ley de Autoridad del Profesor, que tendrá que ser votada en la Asamblea de Madrid y el debate se abría. El sindicato de profesores ANPE y la defensora del Profesor, Inmaculada Suárez, ya pidieron el pasado mes de marzo que se calificara a los profesores como autoridad pública.
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- 16/09/2009 a las 16:53
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La propuesta de autoridad pública para los profesores abre el debate sobre la situación de los docentes.
El que el profesor sea considerado como autoridad pública supone que si sufre algún tipo de agresión la pena es mayor y el principio de veracidad de su palabra tendrá más valor en caso de conflicto. Los maestros son conscientes de que los problemas actuales en las aulas no se resuelven sólo a través de una ley, pero también se quejan de que las agresiones y amenazas, y por consiguiente las bajas psicológicas, cada vez son mayores.
Algunos profesores consultados son conscientes de que hace falta tomar medidas, y ven con buenos ojos el anuncio. Alberto Hidalgo, es profesor del instituto Loranca, en Fuenlabrada. Asegura que tras hablar con varios de sus compañeros, la opinión generalizada sobre la medida es positiva, aunque reconoce que también habría que tomar otras medidas para que se prestigiara la figura del profesor.
La idea de los docentes con rango de autoridad pública no es nueva. Hay comunidades como La Rioja y Valencia donde ya se ha discutido este aspecto y se han introducido cambios en su legislación. En Cataluña, se contempla en su ley educativa, pero sólo para los directores de los centros. El PP presentó el pasado 3 de mayo una proposición a nivel nacional para introducir esta consideración en la Ley de Educación.
Sobre este asunto también hay debate en la calle. Muchos de los preguntados lo aceptan como algo bueno, aunque precisan, que con el control debido.
Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado ya considera a los profesores de los centros públicos la condición de autoridad a efectos penales. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha manifestado que le hubiera gustado que se hubiese incorporado al pacto social y político por la educación y cree que, en todo caso, la medida se debe tomar con mucho cuidado.
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