La privatización de la gestión de los hospitales de Sanse y Parla sigue adelante
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha levantado la suspensión cautelar de la privatización de la sanidad madrileña solicitada por el PSM por los cambios de última hora en las condiciones exigidas a las empresas que optaban al concurso. La suspensión ha durado sólo 14 días, ahora se reactivan todos los procesos de privatización de la gestión de seis hospitales de la región, incluidos el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y el Infanta Cristina de Parla.
- Actualidad - Parla
- 24/07/2013 a las 16:06
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La privatización de la gestión de los hospitales de Sanse y Parla sigue adelante
De esta manera, el Gobierno regional puede seguir adelante con su intención de privatizar la gestión de seis hospitales de la Comunidad, algo que espera llevar a la práctica en septiembre.
Ante ello, y según lo dispuesto en esa resolución el Gobierno regional presentó alegaciones para solicitar la retirada de la medida cautelar. En este sentido, el Ejecutivo autonómico expresaba que la corrección favoreció la concurrencia de empresas y que el PSM no tenía legitimidad para reclamar esa medida al no ser perjudicado directo ni parte interesada en el proceso.
En su ultima comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, el consejero Javier Fernández-Lasquetty relató sobre la cuestión de la garantía que la Comunidad optó por seguir los antecedentes administrativos que se habían dado en las concesiones sanitarias anteriores (en los hospitales Infanta Elena, Torrejón, Rey Juan Carlos) en los que se optó por una exención parcial de las garantías, al plantear un importe de 6 millones de euros, "muy inferior" al 5 por ciento del importe total del contrato.
Al respecto, señaló que ese criterio "no fue cuestionado ni recurrido en ninguna de las licitaciones anteriores" y, por ello, se optó en los pliegos de la ampliación de la gestión indirecta de seis hospitales se tomó la decisión de eximir parcialmente de la garantía definitiva y exigir el 5 por ciento del valor anual. Ello suponía una cantidad aproximada de 28 millones, que consideraba "suficiente" para preservar la prestación adecuada del servicio público en caso de que pudiera haber alguna incidencia.
El proceso privatizador de la sanidad pública madrileña sigue adelante aunque la justicia todavía está estudiando otros recursos con medidas cautelares que los jueces deben analizar en las próximas semanas para tomar una decisión después del verano.
La oposición insiste en que la Comunidad de Madrid debe paralizar un proceso injusto para los ciudadanos y asegura que seguirá haciendo lo posible para conseguirlo.
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