Sandra tiene tres hijos, todos de menos de ocho años. Ocupó una vivienda en la calle Río Jarama pero se encargó de pagar la deuda que tenía el banco, el BBVA, con la comunidad de vecinos. Pero en lugar de negociar un alquiler social como pedía, el desahucio se fechó para el pasado viernes.
Fue el Ayuntamiento el que, a través de la concejalía de Servicios Sociales y de EMSULE, frenó el desalojo a cambio de adjudicar un piso municipal de emergencia social con un alquiler social. El problema parecía solventado, pero los trámites se han retrasado y no llega la adjudicación. La PAH asegura que Sandra no rechaza pagar por su piso, pero que si no es realojada el banco podría dejarla en la calle.
Fuentes de EMSULE señalan que los pisos de emergencia están a disposición de las personas en situación delicada, pero que están en manos de los técnicos de Asuntos Sociales y de los informes que permitan a estas personas ser adjudicatarias de estas viviendas.
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