La reforma de la Ley del Suelo incluida en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas permitirá aprobar de forma urgente por razones de interés regional no sólo proyectos propuestos por las administraciones, sino también por promotores privados. Los proyectos deberán contar con un informe favorable de la administración local, pero la última palabra será del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno Aguirre, se explica que la iniciativa pretende reactivar la economía madrileña y agilizar los trámites, además afirman dotará de mayor transparencia a los proyectos promovidos por la iniciativa privada y se ampliará el control municipal y regional.
Los alcaldes del Partido Popular defienden la postura regional en cuanto a que esta modificación dotará de mayor transparencia a los proyectos de la iniciativa privada que deberán contar con un informe favorable municipal pero no van más allá, afirman que realizarán una valoración más amplia cuando conozcan de forma más extensa los términos de la modificación. Luís Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, pide respeto para la decisión de Aguirre.
La opinión de los regidores socialistas es bien distinta. Desde el Partido Socialista Madrileño se afirma que con esta modificación “chapucera y arbitraria” va a provocar que un promotor privado pueda saltarse las normar urbanísticas municipales. Tomás Gómez critica duramente que la última decisión se quede en manos del Consejo de Gobierno regional y ha recordado que es la tercera vez en esta legislatura que Aguirre modifica la ley del suelo.
Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada afirma que le parece impresentable que el gobierno regional se sitúe con esta modificación en contra de la autonomía local. Ha solicitado una reunión urgente de la Federación Madrileña de Municipios y ha confirmado que los servicios jurídicos municipales están estudiando como recurrirlo en caso de salir adelante. Desde el municipio de Leganés, Rafael Gómez Montoya ha lamentado la falta de dialogo con los ayuntamientos en una modificación que les afecta de forma directa.
El alcalde de Getafe y presidente de la FEMP, Pedro Castro ha criticado duramente la forma y el fondo de esta modificación de ley. Castro ha anunciado además que si los informes jurídicos son positivos acudirán al Tribunal Constitucional.
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