Es el juzgado de lo contencioso administrativo número 28 de la capital quien solicita a la Consejería de Sanidad que se pronuncie en el plazo de diez dias sobre una de las medidas cautelares solicitadas por el PSOE para frenar este proceso. En concreto sobre el aval, que se redujo -tal y como avanzó la Cadena SER- a una cantidad diez veces menor para facilitar las opciones de estas empresas privadas.
La comunicación, emitida desde este tribunal acuerda, por un lado, la apertura de una pieza separada. Se pide a Sanidad que se pronuncie y aclare esta modificación de las condiciones y deja abierta la posibilidad de presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días.
La consejería de Sanidad, no ha querido realizar ningún tipo de declaración sobre esta noticia. Aseguran desde el departamento de Javier Fernández-Lasquetty que el proceso se ha realizado con total transparencia y dejan la posible respuesta que reclama el juzgado, en manos de sus servicios jurídicos.
El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha señalado que se trata de una “paso importante” de cara a paralizar definitivamente el proceso privatizador, que a su juicio está marcado por la “connivencia” entre el gobierno y las empresas que han presentado sus ofertas.
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