El acusado, de 23 años y nacionalidad ecuatoriana, residía y trabajaba en el norte de la Comunidad de Madrid, por lo que no se le conocía relación alguna con Ciempozuelos y nada le vinculaba a los crímenes, más allá identificaciones visuales.
Según la Audiencia Provincial, la acusación se basaba únicamente en identificación visual y reconocimientos fotográficos de las víctimas, por lo que cuando esta prueba “es única y determinante en la declaración de culpabilidad, carece de idoneidad objetiva”, según la sentencia.
Además el tribunal recuerda que la identificación se produjo a partir del retrato robot tras la descripción de una de las víctimas, que en el juicio declaró que le había salido “muy mal”.
La Fiscalía pedía casi 22 años de cárcel para el acusado por dos delitos de agresión sexual y otros dos de abuso sexual, más una multa por lesiones.
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