Según la denuncia interpuesta por el actual alcalde, Juan José Martín, el presunto delito estaría basado en la existencia de gastos sin consignación presupuestaria, prelación y fraccionamiento de pagos y facturas sin aprobación previa.
De este modo, ambas ex responsables municipales deberán declarar el 26 de febrero, a las 10:00 horas, para pronunciarse, entre otras cosas, por las “órdenes de pago efectuadas contraviniendo el procedimiento a que obligan los reparos de legalidad emitiros por la Intervención de la Corporación municipal y contra el informe negativo de intervención de fecha 19 de diciembre de 2008”, según indica el auto judicial.
Fuentes municipales han explicado que la resolución implica que la ex alcaldesa habría aprobado cerca de 400 expedientes administrativos con informes desfavorables de Intervención o Tesorería lo que, en su opinión, habría colocado al Consistorio pinteño “en una de las situaciones más difíciles de su historia reciente”.
Por su parte, Miriam Rabaneda ha asegurado sentirse “tranquila” ya que, a su entender, tiene “las manos limpias y la cabeza alta” y nadie le puede acusar de “haber metido la mano en la caja”.
El actual regidor pinteño ha convocado para mañana a las 11:00 horas una rueda de prensa para explicar los distintos puntos del auto judicial que, según ha asegurado, es un elemento más que legitima la moción de censura que apartó al Partido Popular del Gobierno de la localidad en diciembre de 2008.
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