El concejal de Obras, Miguel Fernández, ha manifestado que se ha requerido documentación a los adjudicatarios de los pisos como ya se ha hecho el pasado año con otras 206 viviendas de la plaza Mayor para constatar que se estaban disfrutando dentro de los requisitos que marca la ley.
Desde EMSULE han enviado varios burofax a los adjudicatarios de esta promoción y se ha iniciado un expediente sancionador con un instructor para todos aquellos propietarios que no han contestado a los requerimientos de información, a los que se les ha dado un plazo de quince días para responder.
A lo largo de 2010, se han realizado, además, 258 revisiones de adjudicaciones de viviendas de alquiler y se había recuperado una vivienda ocupado ilegalmente.
No obstante, según fernandez, la inmensa mayoría de los adjudicatarios de pisos de EMSULE cumplen con la legalidad.
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