Después de las críticas a las múltiples multas impuestas en la localidad, el Ayuntamiento decidió suspender el servicio porque habían detectado una posible “irregularidad grave” en el acceso a datos personales de conductores. Pero ahora la empresa responde que no hay “absolutamente ninguna” irregularidad ni técnica ni jurídica que justifique la suspensión.
Ante el “manifiesto incumplimiento del Acuerdo de adjudicación” por parte del consistorio, se reservan “el derecho a emprender cuantas acciones legales sean necesarias, ante la jurisdicción contenciosa administrativa y penal”.
Sobre las multas, la compañía explica que la tramitación es potestad sólo del Ayuntamiento, por lo que desde la UTE sólo se realizan “labores administrativas derivadas de las infracciones cometidas”. Al mismo tiempo la empresa explica que la totalidad de los ingresos derivados de las multas se producen “en una cuenta restringida y específica cuyo único titular es el Ayuntamiento de Parla y quien posteriormente liquida los importes correspondientes a la UTE adjudicataria”, que recibe según el pliego el 64 por ciento de la recaudación real el primer año y el 60 por ciento los restantes años de vigencia del contrato”.
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