El PP denunció en julio de 2009 que la concejala de Obras vulneró la ley al votar en una Junta de Gobierno local la adjudicación del aparcamiento a la cooperativa Jilguero en la que también figuraban como secretario y tesorera el padre y la madre.
Los populares también han acusado al alcalde de Getafe, Pedro Castro, y al concejal de Hacienda, David Castro, de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la adjudicación de otros cuatro aparcamientos por lo que pidieron que se les citara a declarar.
La Fiscalía Anticorrupción archivó el caso en abril de 2010 pero el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que no se había profundizado en el asunto.
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