La Comunidad de Madrid tendrá que pagar la residencia de estudiantes de la UC3M en Getafe
El Tribunal Supremo ha sentenciado que la Comunidad de Madrid tendrá finalmente que asumir los gastos de la construcción de la residencia Fernando de los Ríos. La Justicia vuelve a asegurar que el gobierno regional reclamó fuera de plazo la parte que, en virtud del convenio, tendrían que haber pagado el ayuntamiento y la universidad.
- Actualidad - Getafe
- 24/01/2013 a las 18:07
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La Comunidad de Madrid tendrá que pagar la residencia de estudiantes de la UC3M en Getafe.
El Supremo viene a decir que es posible que la Comunidad tuviera derecho a cobrar ese dinero, pero que lo solicitó fuera de plazo. La construcción de la residencia Fernando de los Ríos de la Universidad Carlos III de Getafe fue acordada por convenio en 1990, a través del cual la Comunidad se hacía cargo del proyecto.
Sin embargo seis años más tarde comenzó a solicitar al Ayuntamiento de Getafe y a la universidad unos 1.400 millones de pesetas por la construcción. Pero de nuevo, tras varias sentencias, la Justicia indica que lo hizo fuera de plazo, superando los cuatro años que marca la ley, y el Supremo confirma que ni el consistorio ni la universidad tendrán que pagar, y rechaza que la universidad se haya enriquecido "injustamente" de esta construcción a costa de la Comunidad.
Ya en abril de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso de la Comunidad solicitando 13 millones de euros por la residencia de estudiantes de Getafe, debido al convenio suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Getafe, la Universidad Carlos III y la Comunidad de Madrid.
El anterior alcalde de Getafe, Pedro Castro, ya explicó entonces que a lo largo del recorrido del convenio el anterior rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces Barba, y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, acordaron dejar al margen al Ayuntamiento y construir y gestionar ellos la residencia.
Castro dijo que existían documentos donde quedaba claro que Alberto Ruiz Gallardón exoneraba del pago, que en un principio era de 6 millones de euros y que luego se incrementó hasta los trece millones debido a los intereses.
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