Aunque desde el pasado 20 de abril los despidos en Coca Cola estaban anulados, la empresa todavía no había cumplido la sentencia del Supremo. Por eso los sindicatos solicitaban que se diera una fecha concreta para “apretar” a la compañía y que readmitiera a los trabajadores. Ahora la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ordena a Coca-Cola Iberian Partners a que “en el plazo de tres días” reponga a los empleados en sus puestos, que estudie sus condiciones de antigüedad, categoría y salario y calcule cuál es el salario de tramitación que les debería pagar. Eso sí, la empresa cuenta con cinco días para solicitar un aplazamiento.
Por su parte la propia compañía ha señalado en un comunicado que este requerimiento “supone un paso adelante en la resolución del conflicto laboral” y que “está preparada para acoger a todos los empleados que han solicitado volver" después de que lleven trabajando varios meses para cumplir “todos y cada uno” de los puntos de la sentencia.
Desde el campamento de trabajadores de Fuenlabrada, que lleva montado un año y medio a las puertas de la fábrica cerrada, han acogido con “satisfacción” la decisión judicial, aunque quieren guardar también cierta “prudencia” hasta verse de nuevo con el mono de trabajo y dentro de la planta.
Esperaban desde hace tiempo esta clarificación judicial que obligase a la empresa a cumplir la sentencia de manera literal. Precisamente esa literalidad es la que les lleva a ser cautos, porque la empresa dice que reabrirá Fuenlabrada pero puede que lo haga como centro logístico, no como fábrica.
Por eso, aunque estén ahora de fiesta en el campamento, el portavoz de los despedidos, Juan Carlos Asenjo, asegura que permanecerán a pie de fábrica hasta que se vean de nuevo en sus antiguos trabajos, independientemente de que tarden tres, diez o treinta días.
Además vuelven a insistir en que, a pesar de lo que denuncia la empresa, en ningún momento les han impedido la entrada, pero se opondrán a que Fuenlabrada se abra si no es como fábrica.
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