Rabaneda ha rechazado el “uso político” que se está haciendo de este caso y, en concreto, de las personas con discapacidad. La primera edil ha explicado que “el Ayuntamiento está al corriente de pago con la UTE, que es la que paga al Grupo Amás para que haga frente a las nóminas de los trabajadores”, por lo que estos empleados “han cobrado sus nóminas y miente quien diga que a día de hoy están sin cobrar”.
Ante las dudas por el futuro de estos empleados, toda vez que en julio el grupo AMÁS dejará de prestar servicio en Pinto, Rabaneda ha afirmado que “hay que dejar claro que los trabajadores tienen completamente garantizado su puesto de trabajo”.
Además desde el consistorio se señala que el correcto pago por parte del Ayuntamiento a la UTE, para que haga frente a los pagos que le corresponden, “se manifiesta en que el Ayuntamiento está abonando esas facturas a un plazo mucho menor del que marca la ley (60 días desde la recepción de la factura)”.
Cabe recordar que el grupo AMÁS ha denunciado que con la externalización de servicios, un desajuste en el convenio ha hecho que ni Aseprinto ni la UTE Valoriza Gestyona se hagan cargo de los pagos al grupo, por lo que anuncian que no prorrogarán el contrato en julio.
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