La Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil debía ceder al Ayuntamiento de Valdemoro una parcela de casi 2.000 metros cuadrados a cambio de poder edificar en el terreno de un antiguo cartel. Sin embargo, según el diario “El País” este registro se paralizó por un pago de 120.000 euros que el Ayuntamiento exigía para regularizarlo pero al que la asociación no accedía.
Presuntamente (siempre según “El País”) el empresario David Marjaliza estaba pendiente de esta regularización para, en connivencia con el ex alcalde José Carlos Boza, el arquitecto municipal y el ex edil de Hacienda, hacerse con la parcela en subasta y multiplicar su precio después. Sin embargo la negativa de la asociación a pagar los 120.000 euros frustraban sus planes. Es entonces cuando el propio Marjaliza planea reunirse con el presidente de la entidad para convencerle de hacer el pago que desbloquee toda la operación.
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